miércoles, 8 de junio de 2011

La nueva PAC, consecuencias para Andalucía.



Desde los últimos años, ha dado mucho de que hablar la sustancial reforma de la Política Agraria Comunitaria que se llevará a cabo en torno al año 2013
Mientras que La Política Agraria Común representaba en 1975 tres cuartas partes del presupuesto europeo, en 2013 tan sólo representará a un tercio. 

Nuestro país juega un papel crucial en las negociaciones de dicha reforma, como cuarta potencia agrícola europea en 2008 y segundo país receptor de fondos agrícolas comunitarios.
España es uno de los países desarrollados en los que más ha aumentado la producción agrícola durante los últimos años, al mismo tiempo que constituye uno de los países que mayor porcentaje de su territorio emplea para uso agrícola.


¿A qué escenario nos enfrentaríamos a partir de 2013 si este escenario de reforma radical tuviera éxito?
En principio, un escenario de reforma radical profundizará en un ajuste de los sistemas de apoyo: 

1) Reducción más intensa de los recursos disponibles para las políticas agrarias.
2) Disminución del regionalización de los pagos directos.
3) Reducción del nivel de apoyo a la agricultura.
4) Pagos directos condicionados al cumplimiento de requisitos ambientales.
5) Algunos programas voluntarios de pagos adicionales a los agricultores a cambio de la    provisión de bienes públicos.
6) Flexibilidad a los Estados miembros para la aplicación de las escasas políticas agrarias definidas al nivel de la Unión.
7) Posible desarrollo de nuevos instrumentos de gestión de riesgos.
8) Tendencia a la renacionalización de las políticas agrarias. 

Según "El Confidencial" en su artículo de fecha 27/01/2011, la nueva PAC arruinará el campo andaluz, estimando unas pérdidas para Asaja de 900 millones.


Como podemos ver, Andalucía al igual que otras 64 regiones europeas, ya no figura en las estadísticas de la UE como región de convergencia. La reducción de los fondos estructurales afectará a la comunidad andaluza ya que se calcula que entre 2007 y 2013 se dejarán de percibir 15.000 millones de euros.

Lo que pretende Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) es conseguir más ayudas directas. Este porcentaje se sitúa ahora en el 40% de las rentas agrícolas, aunque la Junta de Andalucía rebaja la cifra en un 20%. 

Actualmente, hay un rechazo generalizado hacia la aplicación de una "tasa plana" (impuesto de tasa constante o única) en la comunidad andaluza, ya que la aplicación de este tipo de ayudas supondría una gran redistribución de los fondos, tanto en cultivos como por provincias. De esta forma, las zonas de montaña podrían verse beneficiadas porque no cuentan con tantos derechos históricos generados, pero sin embargo las provincias de explotación del olivar (Jaén, sur de Córdoba, noroeste de Granada, sureste de Sevilla y norte de Málaga y el bajo Guadalquivir) podrían ver reducidas sus ayudas en un 50%.
De ahí, que la Consejería de Agricultura y Pesca así como el sector agrario se ha posicionado en contra y ha negociado un documento para alcanzar una PAC sólida, estable y duradera que mantenga su estructura de un primer pilar de ayudas directas y mecanismos de gestión del mercado y un segundo pilar para desarrollo rural y cuente con un presupuesto suficiente.

Con el fin de continuar con las políticas de cohesión y una PAC que satisfaga los intereses de los agricultores y ganaderos de Andalucía, José Manuel Durao Barroso, el presidente de la Junta de Andalucía solicitó en Bruselas ante la Comisión Europea, que se mantuvieran los fondos de forma transitoria para que Andalucía pueda distribuir el dinero. 

Como conclusión, debemos destacar la preocupación generaliza tras la reforma de la PAC.
Andalucía se une para la reforma de la PAC, firmando un acuerdo con Asaja, COAG, UPA y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA) para potenciar un sector que supone el 10 % del PIB andaluz y el 12 % del empleo de la comunidad. Dicho acuerto busca:  aumentar la productividad agrícola, garantizar el nivel de vida equitativo de la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los suministros y asegurar al consumidor productos "a precios razonables".


Lo que esperamos de España, es una respuesta activa a los desafíos a los que se enfrenta la agricultura y el medio rural. Una apuesta por un modelo multifuncional basado en  la producción, la superficie cultivada y el trabajo, lo que debería ir unido a una política  agraria de Estado basada en la competitividad, las rentas, el medio ambiente y rural y la innovación.
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